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viernes, 21 de octubre de 2011

VÍA CRÍTICA / Siempre a la vanguardia

Por MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ POLANCO

Para quien dudaba del hermanamiento entre los gobiernos federal y de Veracruz, el diputado Eduardo Andrade Sánchez informó el cambio que habrá en el formato de entrega del primer informe de labores del mandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa.
            El novel Ejecutivo lo haría de manera escrita y sin asistir al Congreso local, dejando esta acción a los secretarios de despacho para que rindan cuentas ante los legisladores, mientras que el evento donde estaría presente Duarte de Ochoa, sería en otro recinto y con un protocolo completamente diferente, tal como lo desarrolla el presidente de la república.
            Ahora bien, lo importante del asunto no es la forma, si no el fondo, tomando en cuenta los cambios que ha habido en el gabinete estatal y que hacen referencia a la limpieza que se pretende llevar a cabo, sobre todo en relación a las medidas aplicadas de manera coordinada con el gobierno federal y la rendición de resultados; algo que con la presencia de los aún existentes funcionarios del fidelato, sería imposible lograr con claridad.
            En ello resalta un tema que acapara los reflectores nacionales e internacionales y que hoy, a través del programa “Veracruz Seguro” –emblema del pacto- debe tratarse con cuidado, dada la percepción que puede causar en la ciudadanía.
            Desde el inicio de este esquema que a partir del pasado 04 de octubre trajo consigo la introducción de la artillería federal a Veracruz, teniendo como objetivo primordial el combate a la violencia y la inseguridad, los resultados pudieran ser inciertos, con una discreta tendencia a lo positivo.
            Y es que este programa ha tenido que aceptar la balanza impuesta por el criterio de la sociedad, en la que se encuentran las capturas de los “vivos” y el hallazgo de los “muertos”, pues aunque la Sedena, principalmente, se ha encargado de presentar a integrantes de los “innombrables” y del nonato grupo paramilitar “Matazetas”, la cifra de cadáveres resulta superior, dejando al descubierto a quienes realmente se encuentran en la lucha dentro del estado.
            Dijeran por ahí “Veracruz Seguro, debieran operarlo puro forense”, pero la verdad es que los que son, disputan, y los que no, cooperan, y eso es lo importante.
Al final, si yo fuera un gobernador priista expuesto a los ojos del mundo, preferiría aliarme con quien ya tiene un amplio historial de combate y que, además, acusa a mi partido de pactar precisamente con quienes me tienen a merced de la crítica.
Mejor juntos, pero no revueltos y siempre a la vanguardia, procurando que no se atraviese un AU para completar el objetivo ¿o no?



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viernes, 7 de octubre de 2011

VÍA CRÍTICA / Bomba Molotov

Por Miguel Ángel Gómez Polanco

Sucedió: Reynaldo Escobar Pérez por fin renunció como procurador de justicia del estado y  quien dude que este hecho es inevitablemente benéfico, está en el error.
            No se puede tapar el sol con un dedo y es sabido que la administración de Javier Duarte de Ochoa, con altas y bajas, tiene una tarea difícil, que en esta ocasión le suma otra raya al tigre a través de la salida de un integrante más del imperio fidelista; ese que durante seis años, según analistas, guardó en secreto el acceso y operación de cierto grupo delictivo que, hoy, con la innegable ayuda del gobierno federal –y hasta de grupos paramilitares– es combatido por la seguridad de los veracruzanos.
            Y es que los resultados de “Rey” no fueron los esperados, porque simplemente no se podía esperar mucho de alguien que ocupaba una posición estratégica y no muy redituable en la lucha que hoy tiene a Veracruz en la mira nacional e internacional.
Asimismo, a la deficiente labor de “Kingnaldo”, como muchos le apodan, se le puede atribuir parte importante del desastre que impera en la comunicación del gobierno actual, al grado que la única salida fue “callar” a los funcionarios y nombrar a Gina Domínguez como vocera única, por aquello de los improperios que gente como Joaquín López-Dóriga o Ricardo Rocha, entre otros tantos, han aprovechado para cuestionar cualquier acción emprendida, específicamente por el Ejecutivo estatal.
Ahora lo curioso será saber quién ocupará ese complicado puesto, pues pareciera que el tema de la seguridad no ha sido precisamente el fuerte de la administración duartista hasta el momento –aclarando que no por falta de ganas– y, por ende, se debe postular a alguien que esté al margen del concepto que manejan aquellos “elementos” que fueron impuestos en el gobierno de Javier Duarte y quienes definitivamente no comulgan con la idea de mantener a Veracruz fuera de toda negociación por el territorio.
Lo bueno del asunto es que los resultados del siguiente procurador tendrán que ser rápidos, palpables y con una alta dosis de transparencia, pues el “legado” que deja Reynaldo es un lastre que le ha pesado al estado respecto a su imagen en el exterior y que, como dijera el grupo Molotov en su presentación durante el Hay Festival, cual bomba impregnada de verdad: forma parte de ese “lado oscuro” de la administración de nuestro país, a la que con mucho cariño le dedicaron la bonita canción que empieza con “p” y termina con “uto”.
Mientras tanto, a esperar y confiar en que la designación del gobernador, y respectiva ratificación del Congreso local, sea la correcta.



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viernes, 2 de septiembre de 2011

VÍA CRÍTICA / La palabra de moda

Por Miguel Ángel Gómez Polanco

El 23 de junio de 1985, mueren 329 personas que viajaban a bordo de Boeing 737 de Air India, luego de explotar en éste una bomba colocada presuntamente por separatistas del país hindú.
Cuatr0 años más tarde, el 27 de noviembre de 1989, en Colombia, la disputa territorial entre los cárteles de la droga de aquel país, provoca una de las perores tragedias registradas por este motivo: el Cártel de Medellín “explota” un Boeing 727 en la capital Bogotá, muriendo los 107 ocupantes. Entre las víctimas, se logra identificar a dos integrantes del Cártel de Cali.
De igual forma, el 31 de enero de 1996, más de 200 muertos y mil 400 heridos fue el saldo que dejó un ataque suicida protagonizado por la guerrilla tamil, al impactar un camión-bomba contra el edificio del Banco Central en Colombo, en Sri Lanka.
Por otra parte, en los Estados Unidos de América, en el fatídico y recordado 11 de septiembre del año 2001, dos aviones se estrellan en las emblemáticas Torres Gemelas de Nueva York, provocando su desplome. Casi al mismo tiempo, pero en el edificio del Pentágono en Washington, otro aeromotor es impactado. Posteriormente, un cuarto avión cae a unos kilómetros de Pittsburg. De todo ello, la cifra final fue de 2 mil 976 muertos.
Recientemente, en Noruega, un ataque perpetrado por Anders Behring Breivik en la capital Oslo y en la isla de Utøya, deja un saldo oficial de 77 muertos.
A lo anterior se le denomina terrorismo, considerado como “la búsqueda de coaccionar y presionar a los gobiernos o la sociedad en general para imponer sus reclamos y proclamas”, de acuerdo con definiciones de expertos en la materia.
Pero la calificación de “terrorista” ha sido reinterpretada. Ahora, por ejemplo, el término también es utilizado para describir a todo aquel opositor que no comulgue con la ideología de un sistema gubernamental, con o sin violencia de por medio, incluso con simples “alborotadores”.
Sin embargo, está el caso de aquellos que, valiéndose de las herramientas tecnológicas disponibles, “sabotearon” la tranquilidad social, producto, tal vez, de un miedo generalizado que nos agobia a todos los mexicanos, haciendo de la palabra terrorista –ahora de moda- un concepto vertiginoso y ciertamente confuso.
Según la Real Academia Española, terrorismo es la “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Tal vez por eso sea que incendiar taxis y calcinar personas en ellos, no se considere terrorismo, sino pandillerismo o ajuste de cuentas, pues no había un precedente similar. O quizá se deba a que en México, al terror se le llama “guerra”. Se me ocurre que por eso sea, pero no soy terrorista, lo juro.


 



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jueves, 28 de julio de 2011

VÍA CRÍTICA / La culpa no la tiene el indio

Miguel Ángel Gómez Polanco

Irresponsables las declaraciones del procurador de justicia veracruzano, Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, luego del asesinato perpetrado a la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, en las que sin el menor miramiento insinuó la criminalización del ejercicio periodístico en el estado, alegando presuntos vínculos del oficio con el crimen organizado.
Sin embargo, el tema debe ser analizado con frialdad y enfática objetividad, partiendo de un fenómeno que agobia a todos los mexicanos por igual y que incluye al mismo procurador, como un mal que atañe a todo ciudadano desde el aspecto cultural.
Y es que de acuerdo a un estudio realizado por la encuestadora Consulta Mitofsky, titulado “Mexicanos y su contacto con la ilegalidad cotidiana”, es preocupante la percepción que tienen los habitantes sobre los alcances ilícitos de sus actos, algo que automáticamente los hace partícipes y les otorga cierta responsabilidad en cada uno de los padecimientos que actualmente abaten al país.
Por ejemplo, en el documento se cita una aspecto que debe considerarse como punto de partida para reflexionar sobre la conducta promedio y su influencia en la degradación de sí misma : el 32% de los mexicanos asegura que nunca ha violado la ley, pero este porcentaje baja hasta el 18% después de que el encuestado conoce algunas de las violaciones que se pueden cometer, y que van desde la omisión del pago con factura para evitar el IVA, hasta la “insignificancia” de dar mordida a un elemento de seguridad, tránsito o funcionario público, con cualquier fin de por medio.
En este rubro, es importante destacar un factor primordial que radica en la ignorancia que permea en la necesidad cotidiana del pueblo mexicano, y cuya afectación lo “obliga” a incurrir en situaciones que están fuera de la ley, pero que son vistas como algo normal y sin consecuencias trascendentales.
De estas destaca que el 20% de los mexicanos creen que no usar el cinturón de seguridad está dentro de la ley; el 17% que no comete una violación tirando basura en la calle y el 16% que considera como un acto no delictivo adquirir piratería.
Finalmente, el estudio hace hincapié en la importancia cultural del modo en que se observa la labor de las instituciones, pues aunque su concepción inicia con el mandato dado por la sociedad civil, ésta última no es libre de establecer una responsabilidad compartida, pues entre todos damos forma al eje conductual del país y que es prioritario tomar en cuenta para, como dijeran mi abuela, predicar con el ejemplo y exigir de forma sustentada. ¿O usted qué piensa?


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viernes, 22 de julio de 2011

VÍA CRÍTICA / La Bestia pide paz

Por Miguel Ángel Gómez Polanco

A unos días de cumplirse el primer año de la Ley SB-1070, también llamada “Ley del odio” aprobada en Arizona, la polémica por su ejecución se ha visto disminuida debido a la coyuntura que representa el tema en México actualmente.
            Las quejas de los connacionales por el trato y consecuencias de esta disposición, así como los señalamientos del gobierno mexicano, han tenido que cesar debido a las complicaciones diplomáticas que han surgido entre ambos países como consecuencia de otros temas como narcotráfico, Jaime Zapata, Fast and Furious, Carlos Pascual, etc.
Ejemplo de esto es lo relacionado a la Iniciativa Mérida, un tratado que hasta el momento no ha conseguido tener el impacto deseado, comprobable en la situación que vive actualmente la tierra del presidente de México, Michoacán, con la terrible crisis que ahí se vive a causa de la presencia y enfrentamientos de grupos criminales.
En este renglón, es curioso –y ciertamente paradójico e indignante- que  la firma de inteligencia gringa, Stratfor, “asegure” que será difícil que los esfuerzos que realice el Gobierno Federal mexicano para desarticular a sus mafias, logren tener los resultados que se esperan.
A esto se suma un tema que se ha convertido en la “piedra en el zapato” para el gobierno de México: la migración centroamericana y su obligado paso por tierras aztecas.
Y es que las cifras de secuestros, muertes y afectaciones generales a los derechos humanos de personas provenientes de Centroamérica han aumentado exponencialmente, sobre todo cuando se habla de estados como Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, en los que el paso “obligado” de estas personas ha terminado por revelar a tales entidades como depósitos a granel de víctimas para la delincuencia.
            Por ello la importancia de un movimiento como el que realizarán inmigrantes centroamericanos acompañados por diversas ONG, quienes marcharán por “la Ruta del Migrante” hasta llegar a la Ciudad de México, exigiendo seguridad en su largo camino rumbo al sueño americano.
            La Bestia –como llaman los centroamericanos al tren que los transporta por nuestro país- pedirá paz, ante los esfuerzos poco eficientes y ampliamente cuestionables de dos países que a estas alturas parece convenirles la mitigación de inmigrantes, aún a costa de lo que ellos mismos dicen atacar: la delincuencia organizada.         
La expectativa está en saber qué trascendencia lograrán, en algo así como el “Siciliazo Migrante” con el que esperan mejorar sus circunstancias, rumbo a lo que conserva el incómodo pero innegable apelativo de invasión a los Estados Unidos.


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