VÍA CRÍTICA / Me acordé de Ernestina...

Por Miguel Ángel Gómez Polanco

           

Miguel Ángel Gómez Polanco

En el año 2007, un caso conmocionó a la entidad veracruzana y el país. Ernestina Ascensio Rosario, indígena nahua, muere a los 73 años, después de haber sido presuntamente violada y asesinada por elementos del Ejército, en la sierra de Zongolica.

            Entonces, el presidente Felipe Calderón se vería en la “necesidad” de practicar estrategias de limpieza en la  imagen de la milicia mexicana, a pesar de la polémica desatada por la muerte de la indígena, las pruebas presentadas y la resolución final, dictaminada como producto de un mal en el aparato digestivo.

            Y es que la tensión que rodea al Ejército Mexicano a causa de las constantes denuncias por los abusos cometidos en contra de la población civil, han convertido su presencia en las calles en una dicotomía que busca inclinarse por la conveniencia de la seguridad.

            No obstante, en lo que va del año 2011, las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación a diversos atropellos protagonizados por el Ejército, entre las cuales se encuentran la privación de la vida, tratos crueles, tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, y que suman las casi tres mil que van en el sexenio calderonista, no han sido suficientes para reconsiderar un ajuste de estrategia que garantice una mayor tranquilidad al ciudadano, dentro de las posibilidades que esto ofrezca, ante la aparentemente irreversible guerra emprendida.

            Por lo anterior, resulta de vital importancia la observación realizada por la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en relación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en el 2009 y dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se pide una restricción del fuero militar y que los casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares, se juzguen en los tribunales civiles y no a través del propio sistema castrense; algo que ya ha sido considerado por el máximo tribunal mexicano y obligará reformar el Código de Justicia Militar.

            Esta medida deberá ser acatada a la brevedad, sin importar las opciones que presentó en su momento Felipe Calderón, las cuales a decir de HRW, están alejadas de los acuerdos internacionales y la sentencia formulada por la CoIDH.

Esto tendrá que cambiar las circunstancias y la percepción sobre la presencia de efectivos del Ejército fuera de los cuarteles, empezando por ellos mismos, pues es importante destacar que de las quejas que recibe la CNDH, el 7 por ciento corresponden a vejaciones que sufren los propios militares.

            

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