VÍA CRÍTICA / Mexique: le penita mil

Miguel Ángel Gómez Polanco

Qué caray: se invirtieron los papeles. Pagaron “pecadores por justos” y México demostró que no es la propia justicia la que está en crisis, sino el conocimiento de la Ley y su interpretación, quedando en el ridículo internacional en plena –y al parecer, eterna- coyuntura.

            Así es, amiga y amigo lector: la Ley se manejó al antojo de las entrañables conveniencias que se decantaron por una mejora en las relaciones con un solo país y no con el resto de las naciones con las que se tiene bilateralidad, así como la conservación de ambientes internos en los que, por lo que se ve, pudo haber favorecido a la comunidad judía en nuestro país (sin que suene antisemita).

            Ojo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación no dijo que Florence es o no culpable; esto es tarea de un Tribunal Federal. Sin embargo, la esencia diplomática adquirida por el caso, echa por la borda esta aseveración, así como la labor de revisión Constitucional por parte de la Corte.

Incluso la propia Cassez, con la libertad que le dio un proceso plagado de una irregular validación del estado de Derecho, llega a su país de origen calificándose más inocente que una paloma y haciéndola de “madame”, vislumbrado que con Enrique Peña Nieto “México tendrá muchos logros”, mientras ni su propio abogado, el  heredero del erudito en Derecho y exgobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes; alegó la inocencia como tal, sino la vulneración a los derechos fundamentales de la francesa.

Vamos: ni aplicando el Tratado de extradición de Estrasburgo se habría logrado transparentar el caso y, aunque recurrir a esta medida hubiera sido viable, el gobierno mexicano argumentó que “consentir a su traslado significaría autorizar que otro Estado, de manera absolutamente injustificada, permita la reducción o, incluso, la anulación de la pena a la que los delitos cometidos por Florence Cassez en México le hicieron acreedora”.

¿Se imaginan a Calderón lidiando con la intervención diplomática y/o de instancias internacionales de derechos humanos, en un asunto que involucraba a una extranjera? ¡No, virgencita, plis! Habría expuesto al país en otros temas, de los que destaca, por supuesto, el que estigmatizó al panista: la violencia que nos aquejaba (y aqueja).

Desde entonces, Felipín se pasó por el Arco del Triunfo (irónicamente) el Artículo Primero Constitucional que hoy se pretende modificar para que quede como hubiera querido el expresidente en su sexenio y así no exhibir los sesgados derechos humanos que le convenían.

Lo anterior da un ambiguo resultado: en México padecemos un estímulo tardío de la confianza. Los casinos, el IFE y Monex, Florence, así como Televisa aceptando su participación en el montaje en su captura, producido por Genaro García Luna y su entenado, Luis Cárdenas Palomino; son algunas pruebas. Ante este escenario, debo confesar, ya ni veo con tanta importancia que la Cuenta Pública tenga un desfase de año y medio.

Pero también están los recovecos donde aparecen inconsistentes declaraciones de las víctimas, Ezequiel Elizalde, Cristina Valladares e hijo (Christian), así como el ajuste de cuentas contra el hermano de la protagonista, Sebastien, a través del cual se enturbió la situación y donde un judío de nombre Eduardo Margolis Sobol; poseedor de un “gran poder” en el sistema de seguridad del país y quien habría tenido una relación incierta con Israel Vallarta antes de la detención; pudo haber cimentado el andamiaje de un asunto político que sin cerrarse, marca uno de los episodios más oscuros de la justicia en México y afianza la preocupación sobre el cauce que se le da a los asuntos menores en el rubro.

Al final, como dice el periodista e investigador Héctor de Mauleón: el único secuestro claro fue el de la verdad, sobre una manipulación que ya se antoja icónica.

SUI GENERIS

Y entonces, reaparece una de las empresas con las que se repartieron las célebres tarjetas Monex por un monto de 70 millones de pesos, "Efra" (propiedad de Gabino Fraga Peña, primo de ¿adivinan quién?)  con la cual, además, se le relaciona al Consejero Sergio García Ramírez; sí, el mismo que de último momento votó a favor de la indulgencia sobre el PRI en el mismo asunto, logrando su exoneración.

Lo peor: el IFE actúo dentro del -una vez más- viciado marco legal que se distingue en la cultura mexicana, pues las posibles “maiceadas” se dieron al margen del proceso, obviamente.

¿Sabe a qué me refiero? ¿Se enteró de la decisión del IFE? Bueno, puedo entender si su respuesta es negativa. Florence Cassez acaparó todos los reflectores necesarios y quizás jugó el papel que el “Chupacabras” y la “Influenza AH1N1” tuvieron en su momento.

Ese es, señoras y señores, el “lado oscuro” del todavía inentendible y replanteado neoliberalismo. Allá usted si le entra o se lo “guarda” para posteriores decisiones, sobre todo en la urna.

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VÍA CRÍTICA / Me acordé de Ernestina...

Por Miguel Ángel Gómez Polanco

           

Miguel Ángel Gómez Polanco

En el año 2007, un caso conmocionó a la entidad veracruzana y el país. Ernestina Ascensio Rosario, indígena nahua, muere a los 73 años, después de haber sido presuntamente violada y asesinada por elementos del Ejército, en la sierra de Zongolica.

            Entonces, el presidente Felipe Calderón se vería en la “necesidad” de practicar estrategias de limpieza en la  imagen de la milicia mexicana, a pesar de la polémica desatada por la muerte de la indígena, las pruebas presentadas y la resolución final, dictaminada como producto de un mal en el aparato digestivo.

            Y es que la tensión que rodea al Ejército Mexicano a causa de las constantes denuncias por los abusos cometidos en contra de la población civil, han convertido su presencia en las calles en una dicotomía que busca inclinarse por la conveniencia de la seguridad.

            No obstante, en lo que va del año 2011, las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación a diversos atropellos protagonizados por el Ejército, entre las cuales se encuentran la privación de la vida, tratos crueles, tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad, y que suman las casi tres mil que van en el sexenio calderonista, no han sido suficientes para reconsiderar un ajuste de estrategia que garantice una mayor tranquilidad al ciudadano, dentro de las posibilidades que esto ofrezca, ante la aparentemente irreversible guerra emprendida.

            Por lo anterior, resulta de vital importancia la observación realizada por la organización internacional Human Rights Watch (HRW), en relación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en el 2009 y dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se pide una restricción del fuero militar y que los casos de violaciones de derechos humanos por parte de militares, se juzguen en los tribunales civiles y no a través del propio sistema castrense; algo que ya ha sido considerado por el máximo tribunal mexicano y obligará reformar el Código de Justicia Militar.

            Esta medida deberá ser acatada a la brevedad, sin importar las opciones que presentó en su momento Felipe Calderón, las cuales a decir de HRW, están alejadas de los acuerdos internacionales y la sentencia formulada por la CoIDH.

Esto tendrá que cambiar las circunstancias y la percepción sobre la presencia de efectivos del Ejército fuera de los cuarteles, empezando por ellos mismos, pues es importante destacar que de las quejas que recibe la CNDH, el 7 por ciento corresponden a vejaciones que sufren los propios militares.

            

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